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El portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, va a registrar este viernes en el Congreso la Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas.
La iniciativa ha sido presentada por el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, quien explicó que su partido planteaba esta propuesta legislativa para impedir el “acoso” de quien usa las actuaciones en los tribunales “con el único fin de atacar a quienes no comulgan con sus planteamientos”.
La propuesta, que llega tras las quejas de los socialistas en los últimos meses de lo que consideran un acoso en los tribunales contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno, persigue queno se puedan abrir procesos penales con querellas basadas en recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades.
Están abiertos en los tribunales diversos sumarios judiciales cuyo desarrollo está teniendo incidencia en el debate político, como el ‘caso Koldo’ o las investigaciones a la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Al mismo tiempo, este panorama judicial ha llevado a algunas instancias a solicitar la reforma de la figura de la acción popular en las causas penales, que está permitiendo a diversas asociaciones y entidades intervenir de manera activa en distintos procedimientos que están abiertos.
Qué plantea la norma
La norma pretende acotar el papel de las acusaciones populares “para proteger derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad, a la participación política y a la tutela judicial”.
López ha explicado que esto afecta, entre otros, a artistas, periodistas y políticos, por lo que el PSOE plantea actuar en “cuatro frentes”:
- Reforma de las acusaciones populares
Para proteger derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad, a la participación política y a la tutela judicial:
– La participación de la acusación popular queda adscrita a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella. La instrucción es una fase que debe estar protagonizada e impulsada por el Ministerio Fiscal y por los perjudicados directos por el delito. Se acaba así con la filtración constante de las diligencias por parte de acusaciones con objetivos políticos y con los intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación con el único fin de dar un perfil mediático a un proceso judicial. No obstante, la acusación popular sí podrá recurrir el auto de sobreseimiento si no está conforme con la decisión.
– Se exige que, para personarse como acusación popular, exista un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente. El juez deberá comprobar si este vínculo existe y denegará la personación si no es así.
– Se prohíbe ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos.
- Supresión de los delitos de ofensa a los delitos religiosos
Se suprime el artículo 525 del Código Penal, el conocido como el de las ofensas a los sentimientos religiosos, un delito donde no se detectan apenas condenas, pero que es empleado por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, activistas y representantes electos haciéndoles pasar por procesos penales muy costosos a nivel económico y personal.
- No abrir causas solo con recortes de prensa
La Proposición de Ley incluye expresamente la doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de abrir un proceso penal con meros recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades.
- Recusar a jueces que hagan declaraciones políticas
Respecto a los jueces, se plantea incluir una nueva causa de abstención o recusación para jueces que hayan realizado manifestaciones públicas sobre partidos o entidades que formen parte de un proceso, buscando así garantizar la imparcialidad judicial.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya avanzó su intención de aprobar este año la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), una norma que sustituirá a la actual, que data de 1882, y que limitará el papel de las acusaciones populares, además de atribuir a la Fiscalía la instrucción de las causas penales.